¿Regular o no regular internet? Ese es el trasfondo de un debate que hoy caldea los ánimos entre quienes —desde dos visiones y conceptos diametralmente opuestos— libran una batalla para decidir el futuro de la red en Estados Unidos y, posiblemente, en el mundo.
Para quienes están detrás del poder de Hollywood —y sus intereses en la industria del entretenimiento—, la regulación se ha convertido en una cuestión de supervivencia para evitar que la piratería siga socavando su futuro y sangrando los ingresos de una industria que cada año reporta una pérdida de cerca de 60 mil millones de dólares y más de 300 mil empleos, según cifras de organizaciones como el Instituto para Políticas de Innovación.
Para quienes se han agrupado en torno a las industrias de Silicon Valley, como Google, Facebook, Wikipedia, Twitter o Boing Boing, si bien es cierto que el problema de la piratería es real y pernicioso (de hecho la mayoría de los empresarios de internet son feroces defensores de los derechos de propiedad intelectual), la solución no pasa por medidas punitivas, ni por la conversión de internet en un modelo similar al que ya opera en países como China, con sistemas de monitoreo, censura y bloqueo (el llamado Firewall) que, al final, no sólo no resuelven el problema sino que, además, coartan la libertad de expresión, la libre circulación de ideas y frustran proyectos que son los que, al final del día, han hecho de internet la nueva frontera de la revolución empresarial y tecnológica.
En un mundo perfecto, bastaría con que los legisladores y los expertos de la red participaran en un cónclave al más alto nivel para discutir y consensuar las contramedidas que pongan un alto a la amenaza de la piratería que irónicamente llega, sobre todo, de países como China. Sin embargo, en el mundo real y en una capital como Washington, los cabilderos se han encargado de contaminar el proceso con la confección de dos iniciativas de ley: Stop Online Piracy Act (SOPA) y Protect Intellectual Property Act (PIPA) que hoy enfrentan una campaña contra su promulgación, bajo los términos restrictivos en los que han sido redactadas.
Según la organización MapLight, especializada en el análisis y seguimiento de los grupos de poder y su presencia en el Congreso, desde 2005 hasta 2011, la industria del entretenimiento ha invertido casi siete veces más que las compañías de internet en el financiamiento de las campañas políticas de un nutrido grupo de senadores. Según cifras del Centro de Políticas Responsables, Hollywood ha invertido más de 95 millones de dólares para empujar dos iniciativas de ley que, en opinión de expertos en tecnologías, sólo podrían traer consigo lamentables daños colaterales a la libre circulación de ideas y proyectos en Estados Unidos y el mundo.
El saldo del primer round
La decisión de páginas como Wikipedia, Boing Boing o Google de presentar un frente común contra estas iniciativas de ley, supone el primer round de una batalla larga. Por el momento, y a juzgar por la abrumadora respuesta de los internautas, de miles de servidores y de algunos políticos que han decidido escuchar el clamor que ha surgido desde internet, el primer asalto se ha resuelto a favor de las grandes compañías de Silicon Valley.
La gran pregunta que surge ahora es si acaso el Congreso y la Casa Blanca tendrán la suficiente inteligencia y fineza política para responder a las exigencias de quienes serán imprescindibles compañeros de viaje en las elecciones presidenciales de noviembre. Por el otro lado está la cuestión de si la poderosa industria del entretenimiento aprendió la lección y podrá aceptar con humildad que toda propuesta de cambio en internet tendrá que discutirse y consensuarse con quienes hoy tienen tras de sí a millones de internautas empeñados en defender la libertad en la red.
liajorgge y CPHCC tienen el 1ER. LUGAR EN IBEROAMERICA por la creación y publicacion del video la Trampa del Empleado